La Asociación para la Transición Energética exige más ambición al Gobierno en la rebaja fiscal de la factura eléctrica y en la seguridad de suministro

• La eliminación del impuesto del 7% a la generación es justa y necesaria, pero hacerlo de forma gradual penaliza innecesariamente los avances en renovables y electrificación. De igual modo ocurre con no dejar en el mínimo legal europeo el impuesto especial eléctrico para igualarlo con el que tiene el gas.

• Persisten obstáculos regulatorios y fiscales que limitan la competitividad de España en el terreno energético frente a sus socios europeos, en particular, aún no hay noticias cómo se va a sustanciar el mecanismo de capacidad aprobado para España por la Comisión Europea o si España va a hacer como otros países de la UE y va fijar de menar definitiva el impuesto especial de la electricidad al mínimo permitido por la UE para dejar de penalizar a los consumidores de energía autóctona frente a los que consumen gas importado.

• Las ayudas a los consumidores energéticos más vulnerables a la subida de los precios debían haber sido desde el principio quirúrgicas y condicionadas a determinados parámetros (p. ej. flujos de caja o rendimientos netos) para no convertirse en una subvención generalizada que incentiva el consumo de carburantes y actúa de manera regresiva desde el punto de vista fiscal.

La Asociación para la Transición Energética (ATE) valora positivamente los avances en materia fiscal y regulatoria para la energía introducidos en el Real Decreto-Ley 18/2026, aunque echa de menos varias cuestiones. El Gobierno continúa apoyándose en medidas de carácter coyuntural sin acometer algunas de las reformas estructurales que el proceso de electrificación requiere.

Entre las decisiones de mayor alcance destaca la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), más conocido como el impuesto del 7% a la generación, cuya desaparición definitiva está prevista a partir de 2028. Se trata de una medida que contribuirá a reducir los costes asociados a la generación eléctrica y que mejora la competitividad de la electricidad como vector energético, alineándose con la estrategia europea de electrificación de la economía y reducción de la dependencia energética exterior.

No obstante, ATE considera que este avance debería completarse mediante una revisión de la fiscalidad que grava el consumo eléctrico. En particular, mantener el Impuesto Especial sobre la Electricidad por encima del tipo mínimo permitido por la normativa comunitaria (0,5%) continúa penalizando el consumo de electricidad precisamente cuando la política energética europea persigue sustituir progresivamente el uso de combustibles importados por tecnologías de generación que dan autonomía estratégica en la industria, el transporte y los edificios.

La norma también incorpora diversas modificaciones regulatorias dirigidas a facilitar el desarrollo del almacenamiento energético y reforzar la seguridad del suministro, especialmente en los territorios no peninsulares. Entre ellas figuran la habilitación de sistemas de almacenamiento mediante baterías para prestar determinados servicios de operación y el impulso al desarrollo de instalaciones de bombeo hidráulico. Algo que, a juicio de ATE, es imprescindible para asegurar el suministro, dejar de desperdiciar energía renovable (casi un 11% del total generado en julio, un absoluto despropósito) y conseguir de verdad un precio minorista medio de la energía más bajo que en el resto de los socios europeos.

Estas actuaciones representan un reconocimiento explícito del papel estratégico que desempeñará el almacenamiento en un sistema eléctrico con una creciente penetración de energías renovables. Sin embargo, ahora mismo urge una cuestión perentoria relaciona con la seguridad de suministro. Es necesario que se aprueben de manera inmediata en España los mecanismos de capacidad que nos garanticen energía firme, estable y síncrona suficiente durante todas las horas que no haya generación renovable suficiente para dar respuesta a la demanda. Donde las baterías jugarán sin duda un papel pero los ciclos combinados siguen siendo imprescindibles para la estabilidad del sistema hasta que no se desarrollen en cantidad suficiente los bombeos hidroeléctricos en España; para lo cual también son precisas algunas medidas regulatorias tales como revisar los plazos de concesión y unos mecanismos que garanticen una rentabilidad suficiente porque recuperar esas inversiones tan necesarias para el país requieren de varias décadas.

En materia de redes eléctricas, el Real Decreto-ley introduce mejoras para agilizar determinadas actuaciones de repotenciación y adapta diversos procedimientos relativos al acceso y conexión. Aunque estas modificaciones contribuirán a reducir algunas ineficiencias administrativas, resultan insuficientes para responder al fuerte incremento previsto de la demanda eléctrica asociado a la electrificación de la economía. En este contexto, aplaudimos el nuevo marco regulatorio de inversiones en redes de transporte y distribución que permite acompasar el crecimiento de las infraestructuras a las nuevas necesidades industriales y de consumo. Algo que desde ATE venimos pidiendo desde octubre del año pasado tras finalizar la consulta pública de borrador del real decreto.

Desde una perspectiva global, el Real Decreto-ley supone un paso positivo al comenzar a corregir algunos elementos que venían penalizando la utilización de la electricidad y al reconocer la importancia estratégica del almacenamiento energético para la seguridad de suministro. No obstante, el alcance de las reformas continúa siendo limitado frente a los retos que afronta el sistema energético español durante los próximos años.